Entre dictaduras y regímenes autoritarios:
los problemas del Consejo de DD. HH. de la ONU
Por Hillel Neuer COLUMNISTA INVITADO11 diciembre 2013
La gran mayoría de los peores violadores de derechos humanos del mundo continúan actuando a sus anchas en el Consejo.
Hace
siete años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumió el compromiso de
reformar su órgano intergubernamental para la promoción y protección de los
derechos humanos, al eliminar la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos y
crear en su lugar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la
reciente elección de un conjunto de dictaduras y regímenes autoritarios como
miembros del Consejo confirma que, una vez más, este compromiso no ha sido
honrado.
El mes pasado, la Asamblea General de la ONU eligió como miembros del Consejo de Derechos Humanos a al menos seis Estados cuyos gobiernos son conocidos por violar los derechos humanos de manera sistemática, a saber, Argelia, Arabia Saudita, China, Cuba, Rusia y Vietnam. Si bien es cierto que ninguno de los Estados miembros de la ONU está exento de tener imperfecciones en sus sistemas, en las dictaduras y regímenes autoritarios los abusos a los derechos humanos forman parte de las propias estructuras gubernamentales.
Para exponer esta situación, el pasado mes de noviembre, las organizaciones UN Watch y Human Rights Foundation organizaron una conferencia en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. La conferencia contó con la participación de medios de la prensa internacional y algunos de los más valientes activistas por los derechos humanos del mundo —como Chen Guangchen de China, Masha Gessen de Rusia y Rosa María Payá de Cuba— quienes denunciaron un conjunto de violaciones de derechos humanos cometidas regularmente en sus respectivos países; a su vez, estos activistas hicieron un llamado a la comunidad internacional para evitar que sus países fueran electos como miembros del más alto órgano de derechos humanos del mundo.
En el marco del mismo evento se presentó un informe detallado que cubre, entre otros aspectos, los antecedentes sobre el respeto a los derechos humanos de cada uno de los ahora nuevos miembros del Consejo, así como su historial de votación de resoluciones en materia de derechos humanos propuestas por ese organismo. Cabe destacar, por ejemplo, que el año pasado ninguno de estos regímenes abusivos votó a favor de presentar un proyecto de resolución que documentara los alarmantes abusos a los derechos humanos que se comenten en contra de las mujeres, minorías religiosas y disidentes políticos en la República Islámica de Irán.
Irónicamente, este mismo fenómeno fue el que motivó al exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, a solicitar la disolución de la desacreditada Comisión de Derechos Humanos, luego de que en 2003 dicha Comisión eligiera a Muamar Gadafi como su titular. En ese entonces, Annan reconoció que algunos países buscaban obtener membresía en ese órgano de derechos humanos no para reforzar estos derechos en el mundo, sino para protegerse a sí mismos de críticas y atacar a otros Estados. En este contexto, cabe recordar que Estados como China, Cuba y Rusia votaron a favor de proteger al régimen iraní, responsable por la muerte de estudiantes, homosexuales y por la violación de prisioneros políticos. Annan reprochó la politización de las sesiones, la parcialidad y selectividad del trabajo de la Comisión y su obsesión por condenar constantemente a Israel; y llamó a conformar un nuevo órgano con Estados que contaran con un sólido historial de compromiso con los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos.
Sin embargo, siete años después, existen serias dudas sobre la efectividad del nuevo órgano.
Para la administración de Obama, que se unió al Consejo en 2009, la respuesta parece estar clara. Los informes del Departamento de Estado sobre las sesiones del Consejo indican que el órgano se encuentra “en la vanguardia de los esfuerzos internacionales para promover y proteger los derechos humanos”, y que es el “foro multilateral más efectivo y creíble”.
Sin lugar a dudas, muchas de las gestiones positivas en el Consejo se deben a las diligencias realizadas por Estados Unidos. Si bien Washington guardó silencio cuando Gadafi fue electo como miembro del nuevo Consejo en 2010, es importante mencionar que un año después, durante la guerra civil en Libia, fue Estados Unidos quien gestionó la suspensión de este país. En los últimos años también se han iniciado nuevas investigaciones sobre la situación de Irán, Siria y Corea del Norte. Los funcionarios del gobierno estadounidense utilizan estos casos como ejemplos de progreso, con la finalidad de justificar su membresía en el Consejo frente un congreso nacional escéptico.
No obstante, la gran mayoría de los peores violadores de derechos humanos del mundo continúan actuando a sus anchas en el Consejo. Cabe mencionar que incluso la antigua Comisión desechada por Annan hizo frente a algunos de estos Estados. Por ejemplo, en el año 2001 —el mismo año en que Kenneth Roth de Human Rights Watch comparó a la Comisión con “una fuerza policial operada en gran parte por sospechosos de asesinato y violadores”— se aprobaron resoluciones en contra de varios Estados, tales como Rusia y Cuba.
Sin embargo, al presente, tanto Moscú como La Habana han sido intocables. Es más, ningún miembro del Consejo se atreve a presentar resoluciones para ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en países como Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Venezuela o Zimbabue. Estos y otros violadores de derechos humanos gozan de inmunidad e impunidad.
Algunos de los defensores del Consejo se refieren al mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) como si fuera una medida redentora. El hecho de que todos los Estados sean examinados cada cuatro años, incluso si es tan solo por un día, es sin lugar a dudas un avance positivo. Sin embargo, en la práctica, muchos de los exámenes terminan siendo halagos prefabricados. Hace unas semanas, por ejemplo, China utilizó el EPU para elogiar a Arabia Saudita por su “tolerancia religiosa”, pese a que 53 etíopes cristianos fueron arrestados este año en el país por rezar en una vivienda privada. Al día siguiente, Arabia Saudita elogió a China —que se ha dedicado a reprimir cruelmente al pueblo tibetano— por su “progreso” en “las regiones de minorías étnicas en los ámbitos culturales, políticos y educacionales”.
Cuando Estados Unidos se unió al Consejo en 2009, la entonces Secretaria de Estado Adjunta, Esther Brimmer, se dirigió a sus miembros expresando que el Consejo debía aspirar a la “verdad”. Ahora es el momento para que Estados Unidos y otros actores de la ONU se pronuncien sobre las paradojas en el seno del Consejo.
Quienes aspiren a un Consejo de Derechos Humanos confiable y efectivo —sean Estados miembros, funcionarios de la ONU u ONGs de derechos humanos— deben actuar lo antes posible para prevenir que el órgano termine como su desacreditado y extinto predecesor. Es imperativo que las fortalezas y debilidades del Consejo sean abordadas de manera frontal y honesta; que se presenten resoluciones denunciando a los regímenes abusivos, incluso si se presume que serán rechazadas; y que se exponga y confronte a los representantes de los Estados miembros que manchan el buen nombre de la ONU.
La reciente elección de al menos seis dictaduras y regímenes represivos únicamente agrava la crisis de credibilidad por la que atraviesa el Consejo. La indulgencia demostrada por la Asamblea General está llevando a ese órgano por el mismo camino hacia la extinción que transitó la hoy infame Comisión de Derechos Humanos.
*Abogado internacionalista y director ejecutivo de UN Watch, una ONG de derechos humanos con sede en Ginebra, Suiza.
El mes pasado, la Asamblea General de la ONU eligió como miembros del Consejo de Derechos Humanos a al menos seis Estados cuyos gobiernos son conocidos por violar los derechos humanos de manera sistemática, a saber, Argelia, Arabia Saudita, China, Cuba, Rusia y Vietnam. Si bien es cierto que ninguno de los Estados miembros de la ONU está exento de tener imperfecciones en sus sistemas, en las dictaduras y regímenes autoritarios los abusos a los derechos humanos forman parte de las propias estructuras gubernamentales.
Para exponer esta situación, el pasado mes de noviembre, las organizaciones UN Watch y Human Rights Foundation organizaron una conferencia en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. La conferencia contó con la participación de medios de la prensa internacional y algunos de los más valientes activistas por los derechos humanos del mundo —como Chen Guangchen de China, Masha Gessen de Rusia y Rosa María Payá de Cuba— quienes denunciaron un conjunto de violaciones de derechos humanos cometidas regularmente en sus respectivos países; a su vez, estos activistas hicieron un llamado a la comunidad internacional para evitar que sus países fueran electos como miembros del más alto órgano de derechos humanos del mundo.
En el marco del mismo evento se presentó un informe detallado que cubre, entre otros aspectos, los antecedentes sobre el respeto a los derechos humanos de cada uno de los ahora nuevos miembros del Consejo, así como su historial de votación de resoluciones en materia de derechos humanos propuestas por ese organismo. Cabe destacar, por ejemplo, que el año pasado ninguno de estos regímenes abusivos votó a favor de presentar un proyecto de resolución que documentara los alarmantes abusos a los derechos humanos que se comenten en contra de las mujeres, minorías religiosas y disidentes políticos en la República Islámica de Irán.
Irónicamente, este mismo fenómeno fue el que motivó al exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, a solicitar la disolución de la desacreditada Comisión de Derechos Humanos, luego de que en 2003 dicha Comisión eligiera a Muamar Gadafi como su titular. En ese entonces, Annan reconoció que algunos países buscaban obtener membresía en ese órgano de derechos humanos no para reforzar estos derechos en el mundo, sino para protegerse a sí mismos de críticas y atacar a otros Estados. En este contexto, cabe recordar que Estados como China, Cuba y Rusia votaron a favor de proteger al régimen iraní, responsable por la muerte de estudiantes, homosexuales y por la violación de prisioneros políticos. Annan reprochó la politización de las sesiones, la parcialidad y selectividad del trabajo de la Comisión y su obsesión por condenar constantemente a Israel; y llamó a conformar un nuevo órgano con Estados que contaran con un sólido historial de compromiso con los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos.
Sin embargo, siete años después, existen serias dudas sobre la efectividad del nuevo órgano.
Para la administración de Obama, que se unió al Consejo en 2009, la respuesta parece estar clara. Los informes del Departamento de Estado sobre las sesiones del Consejo indican que el órgano se encuentra “en la vanguardia de los esfuerzos internacionales para promover y proteger los derechos humanos”, y que es el “foro multilateral más efectivo y creíble”.
Sin lugar a dudas, muchas de las gestiones positivas en el Consejo se deben a las diligencias realizadas por Estados Unidos. Si bien Washington guardó silencio cuando Gadafi fue electo como miembro del nuevo Consejo en 2010, es importante mencionar que un año después, durante la guerra civil en Libia, fue Estados Unidos quien gestionó la suspensión de este país. En los últimos años también se han iniciado nuevas investigaciones sobre la situación de Irán, Siria y Corea del Norte. Los funcionarios del gobierno estadounidense utilizan estos casos como ejemplos de progreso, con la finalidad de justificar su membresía en el Consejo frente un congreso nacional escéptico.
No obstante, la gran mayoría de los peores violadores de derechos humanos del mundo continúan actuando a sus anchas en el Consejo. Cabe mencionar que incluso la antigua Comisión desechada por Annan hizo frente a algunos de estos Estados. Por ejemplo, en el año 2001 —el mismo año en que Kenneth Roth de Human Rights Watch comparó a la Comisión con “una fuerza policial operada en gran parte por sospechosos de asesinato y violadores”— se aprobaron resoluciones en contra de varios Estados, tales como Rusia y Cuba.
Sin embargo, al presente, tanto Moscú como La Habana han sido intocables. Es más, ningún miembro del Consejo se atreve a presentar resoluciones para ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en países como Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Venezuela o Zimbabue. Estos y otros violadores de derechos humanos gozan de inmunidad e impunidad.
Algunos de los defensores del Consejo se refieren al mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) como si fuera una medida redentora. El hecho de que todos los Estados sean examinados cada cuatro años, incluso si es tan solo por un día, es sin lugar a dudas un avance positivo. Sin embargo, en la práctica, muchos de los exámenes terminan siendo halagos prefabricados. Hace unas semanas, por ejemplo, China utilizó el EPU para elogiar a Arabia Saudita por su “tolerancia religiosa”, pese a que 53 etíopes cristianos fueron arrestados este año en el país por rezar en una vivienda privada. Al día siguiente, Arabia Saudita elogió a China —que se ha dedicado a reprimir cruelmente al pueblo tibetano— por su “progreso” en “las regiones de minorías étnicas en los ámbitos culturales, políticos y educacionales”.
Cuando Estados Unidos se unió al Consejo en 2009, la entonces Secretaria de Estado Adjunta, Esther Brimmer, se dirigió a sus miembros expresando que el Consejo debía aspirar a la “verdad”. Ahora es el momento para que Estados Unidos y otros actores de la ONU se pronuncien sobre las paradojas en el seno del Consejo.
Quienes aspiren a un Consejo de Derechos Humanos confiable y efectivo —sean Estados miembros, funcionarios de la ONU u ONGs de derechos humanos— deben actuar lo antes posible para prevenir que el órgano termine como su desacreditado y extinto predecesor. Es imperativo que las fortalezas y debilidades del Consejo sean abordadas de manera frontal y honesta; que se presenten resoluciones denunciando a los regímenes abusivos, incluso si se presume que serán rechazadas; y que se exponga y confronte a los representantes de los Estados miembros que manchan el buen nombre de la ONU.
La reciente elección de al menos seis dictaduras y regímenes represivos únicamente agrava la crisis de credibilidad por la que atraviesa el Consejo. La indulgencia demostrada por la Asamblea General está llevando a ese órgano por el mismo camino hacia la extinción que transitó la hoy infame Comisión de Derechos Humanos.
*Abogado internacionalista y director ejecutivo de UN Watch, una ONG de derechos humanos con sede en Ginebra, Suiza.
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