Por Hillel Neuer
GINEBRA – Un año después
de que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU finalmente removiera al
régimen del coronel Qaddafi, el organismo está planeando tranquilamente elegir
a Hugo Chávez, testeando el compromiso de la Administración Obama de mantener a
los abusadores fuera del Consejo de Derechos Humanos de 47 naciones.
La puja de Venezuela por
sumarse al máximo organismo de derechos humanos luce especialmente absurda a la
luz de la admisión reciente de Eladio Aponte, ex juez de la sala penal del
tribunal supremo de justicia del país, de que veredictos en casos políticamente
sensibles son enteramente orquestados por oficiales del gobierno.
Fue precisamente para
evitar la influencia de semejantes regímenes corruptos que el Consejo de
Derechos Humanos fue creado en primer lugar. En 2005, el entonces titular de la
ONU Kofi Annan admitió que el órgano predecesor estaba infectado por un déficit
masivo de credibilidad, con miembros uniéndose sólo para escudar sus crónicas
de abuso, causando “politización”, “selectividad” y un “profesionalismo en
declive”, todo lo cual “echa una sombra sobre la reputación del sistema de las
Naciones Unidas en su totalidad”.
El foro reorganizado,
declaró la ONU en 2006, sólo elegiría a aquellos países que “sustentan los más
elevados estándares en la promoción y protección de derechos humanos”.
Pero seis años más tarde,
miembros del consejo nuevo y mejorado incluyen rutinariamente a tales
violadores seriales de derechos humanos como Cuba, China y Arabia Saudita.
Ellos y sus aliados gozan de impunidad. Cuando el fiscal, juez y jurado son los
propios perpetradores, la justicia se transforma en una broma.
Si Chávez es electo, por
una votación de la Asamblea General esperada para el otoño boreal, la ONU
conferirá legitimidad a un autócrata enfermo que sistemáticamente acosa a
periodistas, jueces, activistas de derechos humanos y líderes estudiantiles, un
hombre que apoya a los carniceros de Siria e Irán, tal como respaldó al
“hermano” Qaddafi hasta el amargo final.
Dado que los límites a los
períodos del consejo requieren que China, Cuba y Rusia se bajen el año próximo,
la candidatura de Venezuela es una movida estratégica por parte del bloque
autoritario, diseñada para frenar la capacidad de occidente de adoptar medidas
por las víctimas en Homs, Teherán y otras partes.
En un acuerdo de
trastienda, el grupo latinoamericano preparó una lista de tres candidatos
elegibles para completar tres asientos disponibles. El resultado: elecciones
sin competencia; un ejercicio completamente vacío.
Aunque los países no están
obligados a ratificar la elección de los latinos, la historia muestra que
cuando se enfrentan con una misma cantidad de candidatos y asientos –como
cuando la Libia de Qaddafi se postuló en una candidatura africana fija en 2010-
esto es exactamente lo que harán.
Introduzcamos a los
Estados Unidos.
En un importante discurso
de política dado en enero ante el Consejo para las Relaciones Exteriores, el
embajador estadounidense para la reforma de la ONU Joseph Torsella declaró que
la Administración buscaría “forjar una nueva coalición en la ONU en Nueva York,
un tipo de ´comité de credibilidad´ para promover elecciones verdaderamente
competitivas, aplicación rigurosa del criterio de membresía, y otras reformas
con el objeto de mantener a los peores ofensores en los márgenes”; con un dedo
específico señalando al Consejo de Derechos Humanos.
Chávez ahora ha arrojado
el guante. Para detenerlo, la Secretaria de Estado Hillary Clinton debe
persuadir a un país latinoamericano con un récord decente de derechos humanos a
postularse, y luego a hacer lobby por él.
No será fácil. La postura
anti-occidental de Chávez complace a varios estados africanos, asiáticos y
mesoorientales. Los ofrecimientos de Venezuela de asistencia con fondos del
petróleo también harán sentir su peso.
Sin embargo, recientes
competencias en la ONU han mostrado que, cuando se les ofrece una alternativa,
la mayoría de los países saltearán a Chávez.
Y los temas de discusión
de su campaña -detallados en un documento venezolano presentado recientemente a
la ONU- ciertamente suenan huecos.
“La República Bolivariana
de Venezuela”, se nos dice, “es un estado social y democrático que respeta los
derechos y la justicia”. Los venezolanos viven bajo “una de las constituciones
más avanzadas en el mundo”, gozando “el total ejercicio de libertades
políticas”, las cuales “no tienen precedentes en la historia de la república”.
Informes de grupos
independientes de derechos humanos cuentan una historia muy diferente. UN Watch
y otras 25 organizaciones no-gubernamentales circularon una respuesta condenando
a Venezuela por violaciones a los derechos humanos.
Por ejemplo, en tanto que
Venezuela se compromete en su presentación ante la ONU a “aumentar el acceso al
sistema de administración de justicia”, y a sostener “diálogo constructivo” con
expertos de la ONU, un caso reciente y notorio prueba lo opuesto por completo.
En 2009, la jueza María
Lourdes Afiuni tuvo el coraje de liberar a un prisionero político y opositor a
Chávez cuya detención había sido declarada arbitraria por un panel de expertos
de la ONU.
Chávez inmediatamente
arrojó a la jueza Afiuni a la prisión, llamándola “bandida” en la televisión
nacional. Ella sufrió abuso y daños a su salud. Hoy en día está bajo arresto
domiciliario, sólo recientemente se le permitió obtener tratamiento en un
hospital de cáncer. Las nuevas revelaciones por parte del juez Aponte tan sólo
confirman la magnitud de la podredumbre.
Este es el récord real de
derechos humanos en la Venezuela de hoy día.
Al declarar una nueva
política, Estados Unidos enfatizó que los abusadores de las normas internacionales
no deberían ser la cara pública de la ONU.
A menos que la Secretaria
Clinton actúe ahora, la cara del organismo máximo de derechos humanos de la ONU
pronto será la de Hugo Chávez.
Hillel
Neuer es director ejecutivo de UN Watch, una organización de derechos humanos
asentada en Ginebra.
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